Un ataque terrorista perpetrado en la madrugada del 3 de enero de 2026 contra Venezuela ha desatado una ola de incertidumbre y generado división de opiniones a lo largo y ancho del mundo. Una vez más, Washington ha optado por una acción unilateral en Latinoamérica, haciendo caso omiso del derecho internacional y la soberanía nacional venezolana. Frente a este acto criminal representantes de diferentes Estados han condenado las acciones militares de Estados Unidos en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela.
Por otro lado, los organismos internacionales, concebidos para la contención de conflictos y la promoción de la paz, han vuelto a mostrar una lamentable inutilidad. La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) han sido incapaces de imponer un alto a las hostilidades y a la intervención extranjera. La incapacidad de los mecanismos internacionales para contener estos actos militares entre naciones —o la intervención de una potencia externa en asuntos internos— deja un vacío legal y moral en el panorama global. Esta falla no solo incrementa la sensación de vulnerabilidad en las naciones más pequeñas, sino que también mina la confianza en el sistema de seguridad colectiva y establece que la fuerza y las acciones unilaterales priman sobre el derecho internacional y la diplomacia. Como resultado, la región latinoamericana se asoma al precipicio de una crisis de mayores proporciones, amenazada por la inminente posibilidad de un conflicto más extenso.
Mientras diversos organismos internacionales se congregan en busca de una desescalada en la situación, el presidente Trump ha declarado que Estados Unidos asumirá el control del gobierno de Venezuela hasta la conclusión del proceso de transición. Además, anunció la extracción de las riquezas del suelo venezolano.
Mientras algunos celebran el ataque a venezuela y captura de Maduro con euforia, considerándolo un triunfo de la democracia y la justicia sobre lo que perciben como una dictadura, a otros les preocupa el precedente de una acción militar en la región. Esta inquietud se centra en el respeto a la soberanía nacional y el principio de no intervención. Temen que la acción, independientemente de sus motivos o del resultado, siente un peligroso precedente que podría justificar futuras intervenciones militares unilaterales en otros países de la región con el pretexto de "restaurar la democracia", "la lucha contra el narcoterrorismo" o "proteger los derechos humanos". Esta preocupación es particularmente aguda en naciones latinoamericanas debido a la historia de intervencionismo externo y donde la soberanía es un pilar fundamental de la identidad política.
Lalo M.
Lalo M. egresado de la carrera ciencias politicas y administracion publica por la UNAM