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Vivimos en un país donde cada día es más evidente la necesidad de tener acceso a la salud mental, casos como el asesinato de un joven estudiante dentro del CCH sur o la profesora asesinada por su estudiante al no aceptar la calificación asignada en Oaxaca son algunos de los ejemplos más trágicos y recientes que evidencian la falta de salud mental en el país. México se encuentra frente a diversos desafios en la formulación y ejecución de políticas públicas en materia de salud mental, es necesario abrir la conversación no solo sobre el estado actual de la política pública en el país, sino también su impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos.
La salud mental ha emergido como uno de los grandes desafíos de política pública en México durante la última década. En un país marcado por profundas desigualdades sociales, altos niveles de violencia y una creciente carga emocional en la población, el diseño e implementación de estrategias gubernamentales para atender los trastornos mentales se ha vuelto urgente y complejo. A pesar de los avances normativos y la creación de organismos especializados como la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA), la inversión pública en este rubro sigue siendo limitada, de acuerdo con el centro de investigación económica y presupuestaria CIEP desde el 2016 a 2024 el presupuesto dedicado a la salud mental has sido menor al 1.6% del total del presupuesto dirigido a salud, este presupuesto no se acerca al 5% que la OMS recomienda, el bajo presupuesto refleja la poca relevancia que el Gobierno le da a la salud mental dentro de la salud pública.
En México nos encontramos ante un escenario lleno de indiferencia tanto de las autoridades como de la sociedad que ha llevado al abandono de un grupo sumamente vulnerable, las personas con trastornos mentales han sido invisibilizadas y marginadas, de acuerdo con Carlos Campillo menos del 20% reciben tratamiento adecuado.
La dificultad de integrar la salud mental dentro de la agenda pública ha sido una barrera importante para el desarrollo de acciones gubernamentales en este campo. a pesar del creciente reconocimiento de su importancia, especialmente a raíz de la pandemia por COVID, los esfuerzos por integrarla de forma estructural en las políticas públicas, presupuestos y sistemas de salud siguen siendo insuficientes. Uno de los principales desafíos es el estigma que aún rodea a los trastornos mentales. A diferencia de las enfermedades físicas, los padecimientos mentales suelen ser invisibles, incomprendidos o minimizados. Muchas personas temen ser etiquetadas si buscan ayuda, lo que reduce la presión social para exigir políticas públicas efectivas. Esta invisibilidad social se traduce en una baja prioridad política. También se debe considerar que muchas personas con trastornos mentales no se encuentran en la capacidad o en las condiciones necesarias para defender sus propios derechos y necesidades.
En contextos donde los ciclos electorales son cortos y la política se rige por resultados inmediatos, la salud mental no suele ser una apuesta rentable. Sus beneficios —como la prevención del suicidio, la mejora del rendimiento laboral o la reducción de violencia— son a largo plazo y difíciles de cuantificar. Esto desalienta a los gobiernos a priorizarla frente a temas más “visibles” o urgentes que les permitan ganar votos. A diferencia de temas como la seguridad, el empleo o la educación, la salud mental no suele generar grandes movilizaciones sociales. ya que como se mencionó muchas personas afectadas no están en condiciones de organizarse o exigir sus derechos, Esta situación dificulta que la salud mental sea considerada un tema prioritario en la agenda pública, pues para muchos responsables políticos no implica réditos electorales ni legitimidad para quienes la impulsan.
Hay una necesidad real de proporcionar a México de salud mental y no debe verse solo desde una perspectiva política con la finalidad de buscar votos o la simpatía popular, en el contexto de una sociedad y un Estado comprometidos con el bienestar integral de la población, y que reconocen el derecho a la salud en todas sus dimensiones, la salud mental emerge como un componente esencial que ha sido históricamente desatendido. Es responsabilidad del Estado formular e implementar políticas públicas que enfrenten de manera efectiva los desafíos asociados a la salud mental.
Debemos entender a la salud mental no como un fenómeno único y aislado sino también como estrategia preventiva frente a problemáticas sociales más amplias, como la violencia, deserción escolar, desempleo, baja productividad laboral y el incremento en la demanda de servicios hospitalarios. Garantizar el acceso a la salud mental no solo constituye el cumplimiento de un derecho fundamental, sino que también representa una vía para reducir otros costos sociales y mejorar la cohesión comunitaria.
Lalo M.
REFERENCIAS
Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. (2023, octubre 10). *Presupuesto para salud mental: Un derecho humano universal*. https://ciep.mx/presupuesto-para-salud-mental-un-derecho-humano-universal/
Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. (2024, octubre 8). Presupuesto para salud mental: Un derecho humano universal. https://ciep.mx/presupuesto-para-salud-mental-un-derecho-humano-universal/
Campillo, c. (2020). Las personas con trastornos mentales a la luz de la salud pública, los derechos humanos y la discapacidad. En Ingrid Brena (Coord.), Derecho y salud. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas; El Colegio Nacional
Lalo M. egresado de la carrera ciencias politicas y administracion publica por la UNAM
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